Declaracion de AUPSI sobre acreditación y universidad pública

La Asociación de Unidades Académicas de Psicología (AUAPSI), en reunión del 17 de agosto de 2011 en la ciudad de Buenos Aires, debatió en su seno sobre el proceso de Acreditación de la Carrera de Psicología (convocado por Resolución Nro. 159/11 de CONEAU), que atraviesa la realidad institucional actual de cada una de nuestras carreras.

La Ley 24.521, de Educación Superior (L.E.S.), sigue siendo, al igual que lo ha sido para todos nosotros desde su promulgación en 1995, una normativa que exige un profundo debate y revisión, en defensa de la Universidad Pública y la Autonomía Universitaria, principios histórica e idiosincráticamente rectores del sistema universitario argentino. No acordamos con esta Ley en los puntos que lesionan los dos principios mencionados y entendemos que la impronta neoliberal que dio lugar a esta legislación debe ser continuamente cuestionada, debatida y superada, dando lugar en el mediano plazo a una legislación universitaria acorde con el presente institucional y político del país.

Entendemos, por otra parte, que la iniciativa de realizar autoevaluaciones puede ser significativa y substancial, desde el presente y a partir de la implementación de la propia Ley; en relación con la profundización de la calidad y el desarrollo institucional de la Universidad Pública.

En tal contexto, el Artículo 43 de la Ley, que establece la categoría de “carreras de interés público”; y la Resolución 343/09 del Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades, que instrumenta dicha categoría entendiendo que el ejercicio de dichas titulaciones puede comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes; exigen que las carreras así declaradas respeten determinada carga horaria, contenidos curriculares básicos, criterios sobre intensidad de la formación práctica y acreditación periódica por la CONEAU.

Entendemos, en tal sentido, que la inclusión de la carrera de Psicología en dicha categoría y la instrumentación de los estándares para su acreditación, según Resolución del Ministerio de Educación Nro. 343/09, constituye un hecho que puede fortalecer institucional, académica, profesional y socialmente nuestra disciplina.

En relación a este particular, ratificamos nuestro compromiso con las prácticas institucionales y responsabilidades sociales que sean expresión del sistema democrático. La posición que hoy defendemos de poner en proceso de autoevaluación institucional nuestra carrera en nuestras respectivas unidades académicas, se sostiene en nuestra convicción de la necesidad de preservar la formación de los Psicólogos, sin dar un paso atrás ni claudicar en ninguna de las posiciones de principios que todos nosotros hemos hecho públicas hasta la fecha.

Así mismo, consideramos que la conquista que significa la inclusión de la carrera de Psicología en la categoría de “carrera de interés público”, es confluyente y sinérgica con la reciente promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley Nro. 26657), que pone al psicólogo en igualdad de condiciones que el médico psiquiatra para la toma de decisiones profesionales e institucionales relativas al tratamiento, integración social, externación e internación de los pacientes con padecimientos mentales. Este contexto de conquistas legales manifiesta la expresión clara de una comunidad que legitima y legaliza el accionar del psicólogo en todos los ámbitos de accionar actuales y emergentes de nuestra disciplina, en perspectiva y continuación de una sucesión de conquistas deontológicas logradas por la Psicología a lo largo de su historia en nuestro país.

Coincidimos en nuestro convencimiento de que las actuales autoridades del Ministerio de Educación de la Nación y de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria comprenden plenamente que los parámetros del sistema público son diferentes a los del sistema universitario privado; y que el desarrollo institucional del Estado Argentino amerita la consolidación de políticas que fortalezcan claramente el espacio público, históricamente fuente de los máximos logros académicos, científicos y extensionistas que la universidad argentina ha brindado a su sociedad y al mundo.

Entendemos que estos procesos pueden ser una instancia para la mejora de la formación de grado en la disciplina, en sintonía con las necesidades sociales de esta época, siempre que el producto de dicho proceso no resulte en la mera elaboración de datos ajustados a criterios administrativos de contralor de corte neoliberal, como los que intereses reaccionarios y privatistas propios de la década del ´90 intentaron plasmar en la L.E.S. al momento de su promulgación, más orientados al ajuste y la optimización economicista de la educación superior, que a la auténtica construcción participativa y situada de diagnósticos y propuestas de mejora que realmente apunten al desarrollo nacional y el fortalecimiento de la institución pública y la democracia.

Hoy, la Psicología como disciplina exige que la formación de sus graduados se realice en función del contexto, integrada a las problemáticas sociales e institucionales que permitirán la definitiva emancipación de modelos de gestión que subordinaban el Estado a los intereses del Mercado. Hoy la formación de los psicólogos exige un renovado compromiso para debatir en las instituciones universitarias y científicas el porvenir del campo académico en un país en crecimiento, generando propuestas superadoras.

Bregamos, sin dudas al igual que las autoridades educativas, por la Educación Pública, Gratuita y Laica, como principio fundamental que orienta nuestro accionar. Los sufrientes ojos de la juventud chilena en este mismísimo momento, enfocados en el reflejo esperanzador de nuestro sistema educativo Público, Gratuito y Laico, ejemplo de inclusión social para el mundo, son una prueba actual y dolorosa de la validez de nuestra convicción, reivindicación y pedido.

El Estado Argentino debe regular los procesos de Acreditación de Carreras de Interés Público, garantizando que todas las actividades de planificación, coordinación y evaluación del sistema tengan como norte la realidad y los parámetros de las instituciones públicas. Esto expresamente significa en este caso que los dispositivos de evaluación partan desde la realidad del sistema público y se basen en sus principios y axiomas antes descriptos, de modo de alentar la reproducción de los aspectos más loables y virtuosos de dicho sistema.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición al diálogo y al debate de las ideas en el marco de las instituciones democráticas, tanto para la participación en la redacción de una nueva Ley de Educación Superior como en el mejoramiento de la normativa legal.

AUAPSI – http://auapsi.psyche.unc.edu.ar