A 40 AÑOS DEL GOLPE CÍVICO MILITAR ECLESIÁSTICO
* POR NORA CORTIÑAS, 2016
Siempre contra la represión institucional y en demanda de juicio y castigo a los verdugos, la lucha de Madres de Plaza de Mayo ha sido en todos estos años permanente. Con la vuelta a la democracia se avanzó con los juicios a los represores, pero es mucho aun lo que queda por develar en un contexto político, el liderado por Mauricio Macri, en el que el Terrorismo de Estado es minimizado y los represores perciben que algo cambió… para su bien.
Hace cuarenta años se estableció en el país la dictadura militar más perversa que se recuerde; contó, para ello, con el pleno apoyo del espectro cívico empresario y eclesiástico. De inmediato, las Madres reclamamos por nuestros hijos, en un principio, desordenadamente, sin tener claridad sobre la magnitud de la crueldad con que las fuerzas armadas habían decidido defender a los dueños de la Argentina y aplastar la disconformidad social, la posibilidad de reorientar los rumbos del país.
Han pasado cuarenta años desde aquellos días en los que, con todas las consecuencias que ello conllevó, con la complicidad de las patronales de entonces y de no pocos curas, el término “desaparecido” se instaló, con su carga de silencio y terror, en el país. El secuestro de personas, con violencia indescriptible que incluyó el robo de la propiedad privada, siempre tan cara a los militares, se erigió como práctica corriente, aceptada incluso por una parte considerable de la sociedad.
Contra la mentira en la que se escudaban los “valientes” militares por aquellos días, nos levantamos nosotras, buscando saber la verdad sobre el destino de nuestros hijos, tratando de mostrar al país el nivel ético y moral de los uniformados, a quienes la sociedad sostenía y había armado. Nos costó mucho admitir que esos militares, inoperantes para cualquier guerra, habían sido eficaces como guardia pretoriana de los dueños del país para aplastar a sus conciudadanos, y con ellos, el proyecto de país más justo, más solidario por el que luchaban nuestros hijos.
Desde la apertura de la democracia y a lo largo de todos estos años, conscientes de que las fuerzas de seguridad no serían depuradas porque son el reaseguro del sistema, luchamos siempre contra la represión institucional y en demanda de juicio y castigo a los verdugos. Avanzamos menos, mucho menos de lo que deseamos; sin embargo, no podemos negar que hemos avanzado. Los juicios a los represores son una prueba de ello.
Cuarenta años después tenemos —ahora por voluntad del voto—, un gobierno que es espejo más o menos sofisticado de aquel período que pomposamente los militares habían denominado “proceso de reorganización nacional”. Un gobierno que, a trazo grueso, podemos definir como de un patrón de estancia y un equipo de capataces integrado por operadores y gerentes (es decir, asalariados) de grandes empresas, multinacionales y la banca internacional. Con aquel mismo y viejo objetivo, este equipo intercala —creen que con maestría— disposiciones perversas con un discurso componedor, amiguista; un ejemplo: hablan de `pobreza cero´ y no les alcanza el tiempo para despedir trabajadores a lo largo y a lo ancho el país; a esto llaman, irrisoriamente, “reordenamiento” y con ese objetivo, reprimen brutalmente a quienes se atreven a reclamar por su derecho al trabajo. A ese “excelso” equipo se suma un poder judicial obsoleto, autárquico, convencido de que recuperará los oropeles y la impunidad inherente al cargo.
No voy a extenderme en lo que ya todos conocemos y sufrimos. Quiero referirme, específicamente, a nuestro ámbito, a los derechos humanos, víctimas también de despidos, vaciamientos y represión. Se equivocó aquel que pensó, tal vez ingenuamente, que la nueva conducción del espacio mantenía cierta sensibilidad frente al tema, convencido, además, de que habíamos mostrado a América Latina y al mundo que se puede juzgar y condenar esbirros con el amparo de la ley, algo que ellos obviaron con nuestros hijos.
Para calibrar mejor qué piensan las autoridades sobre el terrorismo de Estado y sus consecuencias, recordemos a Darío Lopérfido, Secretario porteño de Cultura, quien desestimó la cifra de los desaparecidos queriendo minimizar la terrible historia que vivimos, invitando a descreer de la lucha de los organismos de derechos humanos e intentando reinstalar la teoría de los dos demonios.
También a los jueces tranquilizó la llegada de Macri a la Casa Rosada; la designación inconsulta, entre gallos y medianoche, de dos magistrados a la Corte Suprema es prueba elocuente. Pero más allá de ello, los represores que están siendo juzgados o que han sido condenados perciben que algo cambió… para su bien. No se equivocan en esta apreciación: baste recordar, de entrada nomás, el regocijo que produjo en los torturadores sometidos a juicio, la llegada del macrismo al gobierno: en Córdoba, en el marco del megajuicio La Perla, uno de los acusados, la bestia Héctor Pedro Vergez, mostró desafiante una foto del presidente y su esposa, Juliana Awada. Asimismo, los jueces del TOF de Tucumán, Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas, beneficiaron con el goce de su jubilación a los verdugos condenados Roberto Heriberto Albornoz, Luciano Benjamín Menéndez, Luis Armando De Cándido y su hermano Carlos Esteban De Cándido; el defensor oficial de los esbirros, Manuel Eduardo Bonnín, invocó, con éxito, que sus clientes son “ancianos y están enfermos”…
De manera que acá estamos, cuarenta años después, en pie de lucha, como siempre; dispuestas a desafiar al poder, sea el que sea, allí donde se muestre ignorante e insensible. Nuestros hijos desaparecidos nos han dado ese mandato y lo cumpliremos hasta el último aliento.
Seguimos exigiendo la apertura de los archivos de la dictadura cívico-militar–religiosa. Rechazamos la Ley Antiterrorista, el Proyecto X y toda intromisión de las Fuerzas Armadas en el contexto nacional. Acompañamos a los movimientos sociales que defienden nuestras riquezas naturales y nuestra soberanía nacional, luchando por la justicia social en su integridad, como lo hicieron nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos.
Que continúen los juicios
(los crímenes de lesa humanidad no prescriben).
30.000 DETENIDOS DESAPARECIDOS
¡PRESENTES!
AHORA Y SIEMPRE
*Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Su hijo Carlos Gustavo Cortiñas fue secuestrado el 15 de abril de 1977. Tenía 24 años.